Existe una costumbre muy arraigada que es causa de pobreza y miseria. Es la costumbre de repetir, sin pensar seriamente, la idea de la distribución de la riqueza. Esa idea contiene un error fundamental que es la palabra “riqueza”, ella no debe ser distribuida, sino creada y para crearla, lo que hay que distribuir es el poder. Sí, hay que distribuir no la riqueza, sino el poder que ha sido concentrado y acumulado en la autoridad política, con consecuencias negativas que elevan la pobreza.

Es posible ver, al menos en parte, la historia del siglo 20 como una en la que predominó un fenómeno que no ha recibido la atención que merece: la transferencia del poder del ciudadano al Estado. Los casos más notables, desde luego, fueron el nazismo y el comunismo; pero no hay que olvidar la popularidad de los sistemas dirigistas e intervencionistas.

Es razonable afirmar que muchas de las grandes decisiones de política, tomadas durante ese siglo, se refirieron, en su esencia, al reparto de poder entre el Estado y los miembros de la sociedad. Una ley sobre control de rentas, una reforma agraria, una ordenanza sobre prestaciones laborales, una disposición de tarifas para importaciones, un sistema de educación pública, un decreto de préstamos blandos a empresas, un sistema de salud pública; todas estas cuestiones, que ocuparon un importante lugar en el siglo 20, tienen un común denominador, que es el reparto del poder entre el Estado y la sociedad.

En este reparto, la consecuencia es obvia, a más poder del Estado menor poder del ciudadano. Si la autoridad política establece un control del precios, eso quita el poder de los ciudadanos para negociar entre ellos los precios; si se otorgan créditos subsidiados a empresas seleccionadas por el Estado, ello retira capital de las manos de los ciudadanos y poder para llegar a acuerdos de financiamiento privado; si se tiene un sistema de seguridad social obligatorio eso quita libertad al ciudadano para elegir opciones médicas; si se tiene un sistema de educación pública obligatoria, eso quita poder al ciudadano para educar a sus hijos como él desea.

El aumento del poder del Estado retira sin remedio capacidad de decisión del ciudadano; y, por ello, crea dependencia de la persona, que espera recibirlo todo del Estado y no de los acuerdos privados con sus conciudadanos.


Este retiro de poder del ciudadano debe entenderse, además, a la luz de la naturaleza del gobierno. A él se le otorga poder, por diseño, para aplicar las leyes que protegen los intereses de los ciudadanos, sus personas y sus propiedades; más aún, el Estado es la única institución autorizada para hacer uso de la coerción y la violencia, para hacer cumplir las leyes.

Esas funciones, adicionalmente, requieren ser financiadas y lo son por medio del pago obligatorio de impuestos. Es decir, incluso un gobierno "natural" tiene un poder considerable. El Estado del siglo 20 añadió más poder a ese poder "natural"; tomó poder de la sociedad para dárselo a él mismo y se convirtió en la institución con enorme poder acumulado dentro de la sociedad, un poder desequilibrado.

El Estado aprovechó todo género de oportunidades para acumular poder; vio como un problema la educación y la tomó para sí, consideró un problema el comercio internacional y tomó en sus manos su regulación, creó inflación y tomó medidas para el control de precios, vio el problema de la pobreza y se erigió en distribuidor de la riqueza.

En esto jugaron un papel preponderante las tesis centralistas del poder, como el marxismo, el nazismo, el socialismo y el intervencionismo, que penetraron en las mentes de los ciudadanos creando una actitud de aceptación a la acumulación exagerada de poder en el gobierno.

El Estado fue convertido en el mesías salvador de las causas sociales; si se percibía un nivel bajo de salarios, la autoridad entraba para remediarlo con decretos de salarios mínimos cuyos niveles mueve según su antojo. Se creó la idea de que el Estado podía hacer mejor las cosas que el ciudadano, la que fue universalmente aceptada, incluyendo notablemente las corrientes principales de pensamiento económico que hicieron de lado el papel de la persona individual.

Sin duda, esta acumulación del poder en el Estado tuvo efectos en el ciudadano que dejó de hacer caridad, dejó de actuar por sí mismo, dejó de aceptar las consecuencias de sus actos, porque en todo esto entró el Estado a regular limitando el poder del ciudadano para tomar él mismo decisiones.


Dicho de otra manera, el retiro de poder del ciudadano produce una actitud de creciente pasividad en la persona: ya no tiene que dar caridad, ya no tiene que decidir la educación de sus hijos, ya no tiene que negociar sus ingresos, ya no tiene que buscar casa ni cuidarla, ya no tiene que buscar empleo, ya no tiene que prever su jubilación; todo eso lo hace el Estado en sustitución de ese ciudadano.

Incluso, ya ni siquiera el ciudadano tiene que aceptar la responsabilidad personal de actos que dañan su salud, pues puede recurrir a demandas en contra de empresas. Esta realidad no deja de ser curiosa esta situación porque al mismo tiempo que existe evidencia notable que muestra al Estado como un mal administrador, muchas personas han aceptado la idea de que ese Estado puede hacerse cargo de su salud, de la educación de sus hijos y de los libros en los que estudian, de su jubilación, de sus ingresos, del financiamiento de su casa.


¿Cómo podemos afirmar que estamos tenemos un Estado demasiado poderoso? Hay varios indicios que nos son de ayuda para saber si vivimos dentro de un régimen de poder concentrado en el Estado.  Quizá el más claro de ellos es el tener a un poder ejecutivo muy poderoso, visto como el gran sacerdote cuyas decisiones son capaces de salvar o hundir al país, y con un aparato burocrático muy grande sin cuya autorización es imposible trabajar; si para montar y operar una empresa se tiene que viajar a la capital con frecuencia, ése es un síntoma de demasiada acumulación del poder en el gobierno.

Más sutiles son otros síntomas, como la elevación de la pobreza a un altar de adoración con el Estado asignándose la responsabilidad de su solución; o como la exaltación de la soberanía nacional como justificación de regulaciones y leyes para la inversión extranjera y la conservación de industrias en manos gubernamentales.

Los cuantiosos burócratas y pobres dan su apoyo a quien ven como fuente de favores y concesiones. Igualmente, la debilidad de las entidades federales ante el gobierno central es un indicio claro de demasiada acumulación del poder en el Estado.

Otro síntoma,  que pasa fácilmente desapercibido, es la existencia de grandes segmentos de la población que hacen reclamos al Estado exigiéndole la solución de sus problemas. Al Estado se dirigen esas personas que solicitan la intervención estatal para que se les den casas, medicinas, préstamos, terrenos, tratamientos fiscales preferenciales, electricidad gratuita y otros favores especiales; estos ciudadanos crean así hábitos de dependencia. Estas personas, desde luego, son convertidos en clientes electorales.